Fiscalía acusa a 14 exintegrantes del F2 por desaparición forzada de 14 personas en 1982
Más de cuatro décadas después, la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación contra 14 exmiembros de la extinta Policía Judicial F2 por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de 14 personas en 1982, en el marco de una operación encubierta que habría contado con apoyo del grupo paramilitar Muerte a Secuestradores (MAS).
La investigación, conocida como Colectivo 82, señala que los uniformados —entonces adscritos a la División de Investigación, Policía Judicial y Estadística Criminal (DIPEC)— habrían ejecutado una operación de inteligencia ilegal en Bogotá y Gachalá (Cundinamarca), durante la cual retuvieron arbitrariamente a estudiantes universitarios, trabajadores, un niño y otros ciudadanos, sin orden judicial ni pruebas en su contra.
Entre las víctimas figuran siete jóvenes universitarios y un menor de edad que estuvo retenido durante cinco días en una estación de Policía. Las detenciones habrían sido motivadas por una supuesta vinculación con el secuestro de tres hijos del narcotraficante José Jader Álvarez, ocurrido en octubre de 1981. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que no existían evidencias que justificaran tal señalamiento.
Según la acusación, los detenidos habrían sido víctimas de tortura y desaparición forzada, en un contexto marcado por la doctrina de seguridad nacional y el Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay Ayala, el cual promovía restricciones a las libertades civiles y facilitaba la persecución de estudiantes, sindicatos y sectores de izquierda.
Los acusados son:
- Brigadier general (r) Nacin Yanine Díaz
- Oficiales (r) Jorge Alipio Vanegas Torres, Ernesto Condia Garzón, Miguel Rodrigo Torrado Badillo, Jairo Otálora Durán y Luis Ángel Perdomo Perdomo
- Suboficiales (r) José Alirio Velásquez Garzón, Jaime Helí Colmenares Botero y Josué Rafael Cobos Silva
- Agentes (r) Henry Espitia Díaz, Benedicto Lara, Adrián Villamizar Jaimes, José David Quesada y Jorge Eliécer Barbosa Sánchez
El fiscal del caso, adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, concluyó que existen suficientes elementos para vincular a los procesados con el delito de desaparición forzada agravada. Como medida preventiva, se ordenó su detención, al tratarse de un delito de ejecución permanente: a más de 42 años de los hechos, el paradero de las víctimas sigue siendo desconocido.
Este caso ha sido uno de los más emblemáticos en materia de derechos humanos en Colombia. Su reapertura en 2011 fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia tras una acción de revisión, gracias a la presión constante de los familiares de las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La Comisión de la Verdad ha documentado cómo la estigmatización institucional y la alianza entre agentes del Estado y grupos armados ilegales como el MAS propiciaron crímenes atroces como el del Colectivo 82. Hasta hoy, los familiares continúan exigiendo justicia, verdad y garantías de no repetición.
